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14 de febrero de 2017
Angelina Lesieux allanada por la policía Federal
La Federal allanó el edificio municipal de Perugorría por la causa de casas fantasmas. Se concretó una nueva requisa judicial en la Municipalidad manejada por la intendenta kirchnerista Angelina Lesieux, en el marco de una denuncia del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda por las obras sin terminar.

La Policía Federal Argentina (PFA) allanó ayer el edificio municipal de Perugorría en lo que representa un nuevo capítulo del escándalo de la gestión de la intendenta ultrakirchnerista Angelina Lesieux y las obras públicas fantasmas en su pueblo.
La justicia federal avanzó con la investigación de la causa donde se investiga el supuesto defalco de 25 millones de pesos por parte de la gestión de Lesieux, que el Gobierno nacional había girado a la localidad para la realización de 40 viviendas sociales, además de refaccione el balneario, la construcción de una bicisenda y de un puente peatonal en la pequeña ciudad del sur correntino, que nunca se realizaron más allá de que fueron certificadas como finalizadas.
El allanamiento esta vez es a partir de una nueva presentación realizada por el Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda, por las 40 casas que se pagaron en Perugorría pero que hasta el día de la fecha no fueron finalizadas, más allá de que se encuentran certificadas como listas desde 2015.
La tranquilidad del pueblo se vio drásticamente interrumpida  cuando varios móviles de la PFA se hicieron presentes en el centro de la comunidad, para ingresar al edificio municipal en busca de documentación respecto de los pagos y retiros de fondos de la gestión conducida por una de las jefas comunales aliadas al senador nacional por Corrientes, Carlos Mauricio Camau Espínola. Si bien no es la primera vez que el pequeño poblado vive una situación de conmoción similar, la situación de los actores se complica.
Lesieux se encuentra en la picota desde el año pasado, cuando estalló el escándalo de las obras fantasmas a escala nacional y se conoció que la comuna gobernada por una de las nenas mimadas del kirchnerismo habría servido para el manejo poco claro de los dineros públicos, donde podrían estar implicados el exbolsero José López, el exsuperministro K Julio De Vido y el propio Camau Espínola.
La jefa comunal era la ahijada política de la exministra Alicia Kirchner y referente indiscutida del movimiento creado por la hermana del expresidente, denominado Kolina. Esto, sumado a las gestiones de Espínola en Buenos Aires, repercutió en beneficios superlativos para la pequeña comuna durante la gestión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK).
El problema se dio con el cambio de gobierno, cuando se comenzó a hacer un control de los fondos y las obras que se destinaron al interior provincial, donde saltó la irregularidad de que el dinero se había cobrado en su totalidad, pero que las obras no existían físicamente. Seguidamente, la diputada nacional Margarita Stolbizer realizó una denuncia en el fuero federal por estas irregularidades, a lo que siguió otra en el fuero provincial de la Oficina Anticorrupción, a cargo de Laura Alonso, que perseguía echar luz sobre el manejo de los fondos que se giraron a la localidad.
A modo de defensa, y en pos de confundir a la opinión pública, Angelina Lesieux salió a denunciar un complot y una persecución política en su contra, argumentando que se trataba de un ataque del régimen machista patriarcal político, que no podía soportar ver a una mujer conduciendo los destinos de una comuna exitosamente. Obviamente apuntó contra el gobernador Ricardo Colombi, buscando teñir las irregularidades que iba encontrando la Justicia, en un tono político. No obstante, las obras no están y el dinero tampoco; y para completar el cuadro grotesco se difundió un audio de la intendenta camauista señalando que esos fondos no solo se habían usado para obras, sino que fueron a la caja política para financiar las campañas de Camau Espínola, del PL de la Capital y de Mantilla, confirmando una de las líneas que investiga la Justicia para determinar el destino de los dineros públicos.

El 20 de diciembre pasado, la justicia provincial ya había allanado el edificio municipal de Perugorría en busca de documentación respecto de la causa en la que se investiga el manejo irregular de fondos y las obras inconclusas e inexistentes que fueron cobradas.
El propio juez de Instrucción de Curuzú Cuatiá, Martín Vega, estuvo en la pequeña localidad para hacer una inspección ocular de los lugares donde deberían estar estas construcciones, las cuales datan en el expediente de la causa que el magistrado lleva adelante. En esa oportunidad la casa de la jefa comunal y de su pareja, el concejal y exintendente de Perugorría, Jorge Corona, fue uno de los lugares requisados. Seguidamente, fueron al edificio municipal, donde se secuestró documentación. En todo momento, la intendenta buscó despegarse de las anomalías cometidas en su gestión asegurando que se trataba de un operativo político, argumento que, a medida que avanzan las investigaciones, pierde consistencia y se asfixia en el barro la falacia discursiva y la irrealidad.
El camino para escaparle a la Justicia se cierra la exmimada de la actual gobernadora de Santa Cruz y golpea de lleno al sector del senador nacional por Corrientes del Frente para la Victoria (FPV) ya que representa una de las más fieles escuderas de proyecto Camau Gobernador.
Asimismo, Lesieux es una de las promocionadas por el exlegislador Rodolfo Martínez Llano, hoy convertido en el jefe de campaña del exintendente de la Capital.



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