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13 de abril de 2017
El que mal anda mal acaba
Testigo denunció que un juez cobraba para excarcelar narcos. Involucró también en las maniobras a un funcionario y a un abogado. El magistrado en sospechas fue apartado de ocho causas narcos este año.

Un secreto a voces. Un rumor que circula desde haces años en los pasillos de los juzgados y fiscalía y que tiene eco entre los grupos de profesionales del Derecho que tramitan causas en el fuero federal. Los integrantes de las fuerzas de seguridad evitan hablar de la cuestión, pero el murmullo siembra dudas: un magistrado cobraría coimas para excarcelar narcos. La denuncia es contra el juez federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila, titular del Juzgado Federal 1 de Corrientes, y fue realizada por un testigo de identidad protegida que declaró en la megacausa por la que se realizó el Operativo Sapucay en la que se investiga la venta de enormes cantidades de estupefacientes que son transportadas desde la localidad correntina de Itatí hacia siete provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tráfico que llegaría además hasta Chile. La acusación es la misma que le hicieron al juez de la localidad salteña de Orán, Raúl Reynoso quien renunció al cargo y luego fue juzgado por haber integrado una asociación ilícita para proteger a traficantes de cocaína. Según el expediente 3002/2017 que tramita el titular del Juzgado Federal un hombre detenido en la causa por narcotráfico declaró ante el magistrado porteño que existiría relación de autoridades del Poder Judicial con actividades de narcotráfico. En ese contexto el declarante afirmó que “el juez (Carlos) Soto Dávila, también su secretario Pablo Molina, ellos arreglan cuando caen los narcos, a los dos días salen por así decirlo”. Durante su declaración fue más allá y habría brindado detalles del supuesto cobro de dádivas. Aseguró que los sospechosos “les dan efectivo, plata en la mano” para que se tramiten las excarcelaciones. Apuntó contra un grupo de abogados “que trabajan o están de acuerdo” con el estudio jurídico que dirige “el abogado de todos los narcos allá, de la mayoría”. La inculpación consta en las fojas 827/830 de la causa en la que interviene la Procuración de la Narco Criminalidad a cargo del fiscal Diego Iglesias a partir de una investigación iniciada en 2012 por el tráfico de drogas desde Corrientes a la ciudad de Buenos Aires.

 

Apartado de causas

La Cámara Federal de Corrientes apartó al juez Carlos Soto Dávila de ocho causas judiciales este año, y la mayoría de ellas por hechos de narcotráfico en las que había liberado a los imputados. En una de ellas además, otorgó beneficios a una pareja acusada por el delito de trata de personas por regentear un prostíbulo en Santa Lucía. Debido a esto el Ministerio Público Fiscal habría hecho una presentación ante el Consejo de la Magistratura donde el juez deberá explicar los fundamentos de las libertades, fallos que luego fueron anulados por el Tribunal de Alzada. Además, el magistrado debió inhibirse en otras causas por narcotráfico por pedido del juez Sergio Torres, a quien envió esos expedientes.



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