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  ECONOMIA  13 de noviembre de 2017
Ajustar las jubilaciones
La letra chica al final había sido la grande: ajustar las jubilaciones. No hay letras chicas que valgan en el marco político para sancionar las reformas impositiva, laboral y previsional, como se hizo trascender tras la convocatoria de Mauricio Macri a los gobernadores a la residencia de OIivos, el jueves pasado.

Se trata de acordar entre Nación y provincias, y entre éstas y la de Buenos Aires, un primer reparto de los recursos y los ahorros en los gastos, y que la discusión de fondo se patee para después de las presidenciales de 2019. Pero como la cuestión pasa por asegurar antes que nada que se cumpla a rajatabla la meta de bajar el déficit fiscal de 4,5 puntos del PBI actual a 3,2 puntos, para lo cual la economía deberá crecer encima del 3% y la inversión pase del 15 al 20% del PBI. La condición es que los mandatarios acepten cambios en el régimen previsional, más concretamente reemplazar la movilidad jubilatoria por la indexación.

La negociación con los mandatarios provinciales se basa en un arreglo extrajudicial para el reparto de la coparticipación federal, que consiste en hacer desistir a la administración de María Eugenia Vidal de continuar adelante con la demanda por $400.000 millones de reparación del fondo del conurbano por $650 millones, sobre la que la Corte Suprema de Justicia debe resolver, que les fuera licuado a los bonaerenses después de la crisis de 2001.

Hubo un principio de solución en el sentido de que la provincia de Buenos Aires sea compensada con $20.000 millones al año hasta llegar a $65.000 en 2019 y desista de continuar adelante con el juicio, que ya contaría con resolución favorable del tribunal superior.


De todos modos, el año pasado, Macri asistió a Vidal con unos $ 35.000 millones en concepto de transferencias ‘discrecionales’, para este hay preparados otros por $ 20.000 millones y para el próximo, igual.

La explicación que dio el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en conferencia de prensa tras la reunión que mantuvo el Presidente con casi todos los gobernadores fue que "la Provincia acepta retirar el reclamo en la Corte con una solución gradual del tema del Fondo (del Conurbano) y las provincias no se verán afectadas. La diferencia (en el financiamiento) la cubrirá mayoritariamente el gobierno nacional", precisó.

La masa coparticipable se aumentaría en $230 mil millones por las asignaciones que le ingresarían, al ser derogado el artículo 104 de la Ley de Ganancias, que establecía que el 36% de la recaudación por ese impuesto no ingresaba a la masa coparticipable y se dividía entre la provincia de Buenos Aires ($650 millones, el tope); un 10% para el resto de las provincias que se repartía por coeficiente de coparticipación; un 4% para aquellos distritos con "necesidad básicas insatisfechas", que se distribuía dependiendo de la participación de hogares con necesidades básicas insatisfechas.

Todas, menos Buenos Aires, cobraban y las más agraciadas eran Salta, Misiones y Corrientes. Había, asimismo, un 20% para la Anses y un 2% para el fondo de ATN. De modo que la Anses, para financiarse, pasaría a recibir el 100% de la recaudación del Impuesto al Cheque (hoy recibe el 70%). A su vez, las provincias reciben del gobierno nacional un resarcimiento por el monto que pudieran haber perdido.

Estos pases mágicos serían maravillosos si las sumas y restas calculadas no traspasaran el rojo fiscal presupuestado. El gobierno reclama a las provincias, a cambio de que "todas conserven la misma cantidad de recursos que tienen al día de hoy", como dijo el funcionario, que apoyen el cambio de fórmula de ajuste previsional, a fin de que los haberes se suban las dos veces al año actuales, pero por inflación en lugar de por movilidad.

De ahí saldrían más de $100 mil por año para ayudar a financiar una menor presión impositiva para las provincias y, en lo inmediato, resolver contingencias.

El otro gran objetivo del gobierno nacional es que las provincias acepten ir bajando Ingresos Brutos hasta su desaparición y sustituir esa entrada con que cuentan con el impuesto inmobiliario, para lo cual se requiere avanzar en políticas de revalúo catastral.

Buenos Aires dio un paso al frente con un proyecto de ley que recarga del 50% para arriba tanto a los inmuebles urbanos como rurales.

Pero antes de satisfacer este reclamo empresario, sobre todo, el gobierno nacional puso el ojo en el cumplimiento de la responsabilidad fiscal por parte de las provincias y, como una forma de predicar con el ejemplo, lanzó una ofensiva en la administración nacional para disminuir como mínimo 300 a 400 cargos públicos, la mayor parte políticos.

Tela para cortar no le faltaría entre los 20 ministerios, 87 secretarías, 207 subsecretarías, 687 direcciones nacionales y generales, 122 institutos y organismos, 1124 unidades administrativas, a los que el macrismo llevó la estructura del gobierno al asumir, que no resistiría una auditoría del monitor que funciona en el Ministerio de la Producción a cargo de Francisco Cabrera.

Es cierto que tampoco la poda rinde demasiado en el número grande, ya que tiene un costo fiscal de 0,3 puntos del PBI al año, según cálculos de Jorge Day de IEERAL.

Guerra de tijeras

Sin embargo, en la interna del gobierno, se desató una guerra de tijeras (y de egos) entre la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de la Modernización y el de la Producción para ver por dónde pasa la reducción de 2 puntos en el gasto consolidado (de 43 a 41 puntos de PBI) que se presupuestó.  

El vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, es quien recorre las dependencias oficiales, primero para lograr un 20% promedio de ahorro en las erogaciones y luego para exigir el recorte de una cantidad específica de secretarías o direcciones.

Al realizar acuerdos con intendentes y disponer transferencias, se le atribuye una alta ambición política que a veces fastidia a su superior, Marcos Peña, y al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, entre otros.

Haciendo valer que tiene a cargo la reestructuración general del Gobierno, contrató a The Boston Consulting Group (BCG), una consultora con oficinas en Buenos Aires y en 81 ciudades de 46 países, pisándose en parte con la tarea del Ministerio de Modernización que conduce Andrés Ibarra, quien puso en marcha un sistema informático que cruza transversalmente al sector público aunque trabaja con otra consultora internacional, Ernest & Young.

Quintana le ganó una partida a Ibarra al quedarse con la Dirección de Diseño Organizacional del Estado, que conduce Luciano Tano y a punto estuvo de salirse con la suya cuando intentó desplazar a Alberto Abad de la titularidad de la AFIP y el propio presidente Macri abortó el operativo.

Por un lado, AFIP venía avanzando en una investigación por evasión de cientos de millones de pesos contra el actual director de la Aduana, Diego Dávila, vinculado al vicejefe de Gabinete.

Pero, además, el ex Farmacity impulsaba a Juan Curuchet para reemplazar a Abad. El actual presidente del Banco Provincia, socio del estudio Curuchet-Odriozola, supo trabajar para el fondo Pegasus, perteneciente al actual vicejefe de Gabinete. Ni el “Colo” ni su jefa María Eugenia sabían nada al respecto.

La controversia entre Quintana y Abad saltó cuando el vicejefe de Gabinete intentó que se le refinanciara la deuda, incluida la impositiva, a Oca, luego de una negociación con Hugo Moyano, y el mandamás de la AFIP lo bloqueó.

Tuvieron un encontronazo, que coincidió con la filtración de listas del blanqueo en las que figuraban allegados al Presidente y provocó un cisma en la AFIP.

Y ahora que, al intentarse reemplazar la movilidad jubilatoria por la indexación, volvieron a menearse responsabilidades por haber sacado la reparación histórica a los jubilados, lo que el ex titular del Banco Nación, Carlos Melconián, calificó directamente como mala praxis, Quintana quedó pegado internamente con el error , lo mismo que la extensión de la AUH a un millón de beneficiarios, que hizo aumentar un punto el déficit fiscal.



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